“El encierro no va a resolver la situación”. Con esa definición, el juez penal de Niñez y Adolescencia Jorge Toro planteó uno de los principales desafíos que tendrá San Juan desde este sábado 5 de septiembre, cuando entre en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Ley 27.801 fue publicada el 9 de marzo y estableció un plazo de 180 días para comenzar a regir. El nuevo sistema alcanza a adolescentes desde los 14 años y obliga a revisar distintos aspectos de la intervención penal. Para Toro, bajar la discusión solamente a la edad sería insuficiente.
El magistrado puso la mirada en una figura que considera clave: el supervisor. La ley prevé profesionales especializados que deberán seguir al adolescente, mantener entrevistas periódicas y trabajar sobre su vínculo con educación, familia, salud mental y otros espacios de contención.
El problema, sostuvo Toro, aparece si esas herramientas no están disponibles en la práctica. “Corremos el riesgo de que empecemos a responder con privación de libertad a delitos de menor gravedad”, advirtió. También planteó interrogantes sobre las condiciones del Instituto Nazario Benavides y las adaptaciones necesarias para responder al nuevo escenario.
Los números que aportó muestran otra dimensión del problema. Según el juez, los menores representan menos del 2% de los delitos de la provincia y cerca del 79% de quienes cometen un hecho no vuelve a delinquir.
La preocupación está en un núcleo reducido de jóvenes con reiteración, consumos problemáticos, abandono escolar y alta vulnerabilidad. Para Toro, ahí deberá estar el mayor esfuerzo: intervenir antes de que la única respuesta disponible sea encerrar.
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